TIERRA, VIDA Y DIGNIDADAcción Campesina Colombiana – ACC, , FEDERACION COLECTIVO DE OPDS 21 DE JUNIO, Asociación Nacional de ayuda solidaria - ANDAS, Asociación Nacional de Desplazados Colombianos – ANDESCOL, Coordinación Nacional de Desplazados – CND, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC- UR, MOVIMIENTO Nacional de Victimas – MOVICE, Mesa de Interlocución, Gestión y Desarrollo de Soacha, MIGD – Organización Nacional de Población Desplazada y Desarraigada Independientes, OPDDI, Mesa Nacional de Fortalecimiento de Población Desplazada,
PLIEGO NACIONAL DE EXIGIBILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA
Sobre la prevención:
§ Adoptar y aplicar las medidas de respeto y protección contempladas en el derecho internacional humanitario y las del bloque de constitucionalidad y del derecho internacional para que se respete a la población Victima del desplazamiento forzado. El Estado debe ser garante en el respeto y cumplimiento del DIH y en ese propósito sus fuerzas militares.
Sobre nuestros derechos humanos y la paz: EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL
§ SOLICITAMOS Aplicar una política de atención especial para la niñez, el adulto mayor y las personas discapacitadas en situación de desplazamiento, en respeto y cumplimiento de los autos y sentencias constitucionales, en términos de derechos diferenciales.( y en términos de el derecho a la vivienda en respeto , a las etnias y raizales , desarrollar un plan de fortalecimiento de la capacidad institucional que deberán contemplar soluciones para, a lo menos, las siguientes áreas de problemas: (a) la coordinación a nivel nacional de las entidades responsables del componentes de la política pública sobre desplazamiento forzado. (b) la coordinación de las entidades territoriales en cuanto a su compromiso presupuestal, de gestión y de resultados de goce efectivo de derechos. (c) el acceso oportuno a los servicios y beneficios por parte de los desplazados, en condiciones de integridad, igualdad y calidad EN TERMINOS DE APLICAR FUNCIONES REGLAMENTARIAS A LOS ENTES TERRITORIALES , en especial al Distrito capital EN FUNCION DE LA CORRESPONSABILIDAD Y NO AL CONTRARIO DE SOLIDARIDAD
CUMPLIR LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS Y EXIGIDOS POR EL AUTO 008 DE 2009 EN ESTOS TERMINOS “(…) la vulneración de los derechos afecta a buena parte de la población desplazada, en múltiples lugares del territorio nacional y (…) las
§ Dar cumplimiento a lo establecido en el auto 092 de 2008, proferido por la Honorable Corte Constitucional sobre la atención a las mujeres en situación de desplazamiento.
§ Dar cumplimiento a lo establecido para los jóvenes en situación de desplazamiento, en respeto al auto 251 de 2009 y en ese sentido, promover la desmilitarización de los espacios de asentamiento de la población desplazada donde se encuentren jóvenes y niños, aplicando lo dispuesto en la prestación del servicio militar obligatorio, otorgándoles mayores tramites y de manera gratuita su libreta militar.
Sobre la impunidad: EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL
§ Garantizar de manera efectiva nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Los desplazados tenemos derecho a conocer quienes son los responsables de las amenazas, persecuciones, homicidios, desapariciones y demás causas que generaron nuestro destierro forzoso; a que el Estado investigue, juzgue y sancione a los responsables de estos delitos de lesa humanidad y a que adopte medidas que garantice la restitución de las tierras como elemento sustancial y fundamental en respeto a los derechos primarios de protección a la honra, vida y bienes de la población en desplazamiento forzado en forma prioritaria y preferencial de reparación integral sin que este condicionada a los diferentes cambios de las políticas de tierras del nuevo en INCODER,
Sobre el reconocimiento político: EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL
·Reconocer nuestra existencia como campaña permanente tierra vida y dignidad
Sobre las tierra: GOBIERNO NACIONAL
Desarrollar una política de reforma agraria participativa y conforme a los derechos y necesidades de la población desplazada, campesina, indígena y afro descendiente, de igual manera en términos de aplicación de la ley condonar y aplicar mecanismos de condonación de deudas hipotecarias y de todo tipo ante las entidades bancarias , en los eventos de deudas adquiridas en las regiones expulsoras de población desplazada, como también aquellas que se contrajeren durante la permanencia en los lugares de asentamiento, en razón a la sostenibilidad económica y productiva.
§ Cumplir y hacer cumplir las normas relativas a la protección de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de nuestras tierras.
§ Respetar los territorios y pueblos de las comunidades en condición de minorías étnicas, indígenas, afro descendientes en razón al cumplimiento del derecho de origen y derecho natural de los pueblos, en su autonomía territorial.
Sobre el retorno ó reubicación: EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL
§ Otorgar a nuestro favor subsidios directos para la adquisición de tierras productivas, ubicadas dentro de la frontera agrícola y con acceso a las redes de mercado urbano -rural.
§ Garantizar el retorno o reubicación de las familias desplazadas en condiciones de seguridad, divinidad y voluntariedad. solo mediante la concertación con las organizaciones .
§ Reconocer la reubicación como una medida excepcional en el caso que las personas afectadas con el desplazamiento forzado, cuando no decidan retornar, previa consultas con los solicitantes o beneficiarios en los eventos de no retorno y que la tierra adjudicada en estos casos apta para la producción agropecuaria conforme a los usos y costumbres de los campesinos y grupos étnicos desplazados.
* Es importante recordar que la protección brindada a las personas desplazadas en proceso de retorno debe basarse en los principios del Estado social de derecho, de no repetición, de justicia y de reparación integral. Las medidas de índole militar y policivo deben estar dirigidas a proteger a la población civil y no a utilizar esta para obtener ventajas militares o recuperar territorios a través de procesos de retorno que no cumplen con las condiciones de seguridad y no repetición
La Voluntariedad
La voluntariedad de retornar significa que dicha decisión no debe ser obligada por la fuerza ni promovida con base en información inexacta o insuficiente acerca de las condiciones de seguridad o sostenibilidad socioeconómica en la zona de retorno. El principio de voluntariedad, por lo tanto, está estrechamente vinculado con la existencia de alternativas viables y garantías de protección y de no repetición.
La decisión voluntaria de retornar requiere también la participación activa y adecuadamente informada de las personas o comunidades desplazadas, incluidas las mujeres y los jóvenes, acerca de todos los aspectos concernientes al retorno (Principio Rector 28.2). Eso implica, además de los aspectos logísticos y operativos del retorno, participar en la verificación de las condiciones de seguridad en el lugar de retorno, del estado de los bienes abandonados con motivo del desplazamiento y la capacidad de las autoridades locales para reintegrar a la población retornada. En la práctica, dicha participación ha enfrentado muy importantes limitaciones, y la ausencia de medidas de protección de la población desplazada ha sido un factor restrictivo también para garantizar este derecho. La ausencia especialmente de autoridades civiles locales en zonas rurales y la falta de compromiso de las autoridades nacionales han impedido el seguimiento y la evaluación de las experiencias de retorno.
Medidas de prevención y protección adoptadas por el Estado.
Las medidas de protección para el retorno deben basarse en una decidida voluntad política de las autoridades para cumplir con sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas desplazadas. La valoración de las condiciones de seguridad para el retorno depende en parte de la existencia o la superación de las causas que originaron las violaciones de los derechos fundamentales y el desplazamiento forzado. Experiencias anteriores han demostrado que, cuando persisten y se repiten las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario, estas impiden los retornos
El acceso a la tierra adquiere especial importancia para la viabilidad de los procesos de retorno de las personas desplazadas a sus tierras. El Estado tiene la obligación de garantizar a las personas que han sido desplazadas la recuperación de sus tierras, lo cual requiere tratar adecuadamente los conflictos que se generan por la propiedad y el usufructo de las tierras entre las comunidades y entes privados o públicos. La seguridad de la tenencia de la tierra ha sido uno de los elementos más débiles de la política estatal de estabilización socioeconómica y no se ha implementado la normatividad nacional e internacional en la materia[1]. En particular, no se han visto resultados concretos de la aplicación del decreto 2007 de 2002, relativo a la atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar, en materia de prevención y protección de las tierras donde se puede generar o se ha generado un desplazamiento forzado.
CONCLUSIONES
1.La subordinación de la política de retorno a la política de seguridad democrática perjudica retornos en condiciones de seguridad por el involucramiento de la población civil en el conflicto armado y por que se privilegian, desde el Gobierno, intereses estratégicos militares sobre los derechos fundamentales de las personas que retornan.
2.Las políticas regresivas en materia de disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales impiden un retorno en condiciones de dignidad y sostenibilidad.
3.Tampoco existe una política de reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado.
4.La impunidad de la que gozan los responsables de los desplazamientos forzados es generalizada y se podría empeorar con las medidas adoptadas para las conversaciones iniciadas por el Gobierno con los grupos paramilitares. En este contexto, la población desplazada retornada permanece en situación de vulnerabilidad, inseguridad y estigmatización, con el riesgo de la repetición de los hechos que generaron su desplazamiento forzado.
5.El Estado no ha implementado una política para recuperar o indemnizar a la población desplazada los bienes y posesiones de los que fueron despojados, lo que dificulta los retornos.
6.El Gobierno no ha evaluado ni tomado en cuenta las experiencias de retorno anteriores para reformular una política conforme a las recomendaciones internacionales en materia de retorno.
RECOMENDACIONES
Al Estado Colombiano
1. Evaluar rigurosamente las experiencias de retorno anteriores y las actuales a la luz de la normatividad nacional e internacional y de las recomendaciones internacionales, en particular las formuladas por el Representante del Secretario General de las Naciones para las personas internamente desplazadas y los Principios Rectores de los desplazamientos internos relativos al retorno, reasentamiento y la reintegración. De acuerdo con los resultados de esta evaluación, las autoridades deben reformular su política de soluciones duraderas al desplazamiento y de retorno y brindar alternativas al retorno, como el reasentamiento rural o la reintegración urbana;
2. Respetar y garantizar plenamente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario, en particular los principios de distinción entre civiles y combatientes, de manera que las personas que retornan no sean involucradas de ninguna manera y bajo ningún pretexto en el conflicto armado;
3. Garantizar el derecho reconocido por los Principios Rectores de protección de la población desplazada contra el retorno forzado y por lo tanto abstenerse de promover el retorno o el reasentamiento sin que se brinden garantías de seguridad;
4. Cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y garantizar que se implementen las decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con el diseño y la ejecución de una política de atención que dé una prioridad real a la situación de la población desplazada;
5. De acuerdo con la anterior recomendación, adoptar medidas concretas y asignar recursos presupuestales suficientes para garantizar la seguridad del acceso a la tierra y medidas de compensación por la pérdida de los bienes abandonados por las personas desplazadas;
6. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la reintegración de la población retornada, tanto en materia de estabilización socioeconómica como también psicosocial;
7. Cumplir con los preceptos de ley 387 de 1997, la ley 589 de 2000 y el Código Penal, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la investigación, el juzgamiento y la sanción para los responsables de provocar los desplazamientos forzados;
8. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la reparación integral a las víctimas del desplazamiento por los daños materiales y morales causados por el desplazamiento;
9. Garantizar la seguridad del personal y de los medios de las organizaciones nacionales e internacionales que acompañan a la población desplazada y el pleno ejercicio de su derecho a acompañar a las comunidades y personas desplazadas y a defender sus derechos.
A las Naciones Unidas y la comunidad internacional
1. Garantizar que la cooperación internacional contribuya a la vigencia de los derechos humanos de las personas desplazadas durante el desplazamiento, el retorno y el reasentamiento;
2. Garantizar que las actividades de la cooperación internacional en materia de desplazamiento interno se desarrollen de acuerdo con su misión de complementar las medidas y acciones que son responsabilidad primaria del Estado colombiano;
3. Instar al Estado Colombiano a que observe las recomendaciones formuladas por el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para las Personas Internamente Desplazadas, en especial aquellas recomendaciones relacionadas con el retorno en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad;
4. Incrementar la presencia internacional de acompañamiento a las comunidades desplazadas en proceso de retorno con el fin de:
- verificar oportunamente las condiciones de los retornos;
- contribuir a su protección;
- velar por la observancia de las recomendaciones internacionales, especialmente en cuanto a la prohibición del involucramiento de la población civil en el conflicto armado;
- instar al Gobierno a que garantice plenamente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población desplazada.
Sobre Vivienda:Como ha señalado la Corte Constitucional en el auto 008 de 2009 el gobierno debe rediseñar la politica de vivienda para población desplazada, para tal replanteamiento se debe tener en cuenta:
La solución de vivienda debe ser gratuita y en condiciones dignas, respetando las características culturales de las victimas. El gobierno deberá rediseñar programas de vivienda de adjudicación automática, con el registro de población desplazada.
Estas soluciones no podrán ser inferiores a 70 Mts 2, para la construcción de las viviendas, se debe tener en cuenta la mano de obra de los desplazados, para contribuir a la generación de ingresos. Esta adjudicación de vivienda no será considerada como reparación, y ella no podrá negar, revocar o desconocer las propiedades que la población desplazada pueda acreditar.
En 1991, el Comentario General Nº 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales revisó los diferentes elementos constitutivos que debe reunir una vivienda adecuada:
- Seguridad de la tenencia
- Disponibilidad de servicios e infraestructura
- Posibilidad de manutención
- Habitabilidad
- Accesibilidad
- Ubicación
- Adecuación cultural
Años más tarde, en noviembre de 2002, un grupo de expertos en el tema de la vivienda se reunió en Nairobi para discutir sobre Indicadores Urbanos. En esta ocasión se definieron también cinco dimensiones que debían considerarse en el acceso a la vivienda adecuada:
- Acceso a agua potable
- Acceso a saneamiento
- Seguridad de la tenencia
- Durabilidad de la unidad habitacional
- Área suficiente para vivir
Teniendo en cuenta la complejidad e interrelación de todos estos elementos, se puede afirmar que el derecho a una vivienda adecuada se debe enfocar desde una perspectiva integral de DDHH, asegurando el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este enfoque debe incluir en el concepto de vivienda digna el componente del hábitat, el acceso a servicios de salud, el trabajo y la adecuación cultural de las soluciones habitacionales.
Sobre Salud.
Garantizar nuestro derecho a la salud de forma integral, y de manera inmediata de acuerdo a las necesidades y exigencias de los servicios para cada paciente en virtud de lo dispuesto por la sentencia t-025 del 2004.
En materia de solución, las victimas del desplazamiento requieren de atención en salud, que no se limite al diagnostico de la enfermedad, sino que se incluya, planes de salud preventiva, atención preferente en consulta externa, tratamientos médicos, laboratorios clínicos, cirugías, hospitalización, salud mental, medicamentos, rehabilitación, elementos ortopédicos, inclusión de atención especialmente en enfermedades previas y posteriores etc., al desplazado atención Integral el tratamiento odontológicos y oftalmológico
La atención en salud que reclama la población desplazada debe ser atendida por un programa especial que dependa directamente de la red pública de salud y los costos, deben ser atendidos de manera inmediata con recursos del FOSIGA.
EDUCACIÓN
El gobierno debe garantizar cobertura del 100% en educación preescolar, básica primaria, básica secundaria, esta cobertura debe incluir no solo el cupo, sino además becas para útiles escolares, uniformes, transporte, y bonos alimentarios se debe incluir al sistema Educativo a las personas desplazada en cualquier parte del territorio Nacional, en cualquier tiempo del periodo lectivo
Igualmente se diseñaran planes para ampliar estudios superiores para jóvenes desplazados, a través de mecanismos como 2 becas por carrera en cada universidad pública, cada semestre.
Se debe diseñar un programa especial de carreras técnicas de por lo menos 4 semestres, ofreciendo de manera subsidiada por el SENA, el cual no podrá delegarse en otra institución, los planes ofrecidos deben estructurarse participativamente en concordancia entre las necesidades del mercado y los requerimientos de los desplazados.
En todos los programas educativos se debe diseñar planos que faciliten el ingenio de las mujeres a las mismas.
Excepción del valor del examen de ICFES a los jóvenes desplazados.
GENERACIÓN DE INGRESOS.
El gobierno depondrá las medidas administrativas que garanticen la incorporación de victimas del crimen del desplazamiento en todos los contratos de obras civiles que celebren el Estado a todos los niveles, esta incorporación no podrá ser inferior al 10% y aplicará para todos los aspectos y requerimientos técnicos y profesionales del contrato.
Igualmente se diseñara un plan especial y de larga duración para promover empleos agrícolas orientados a la producción de alimentos.
Se debe diseñar un programa de estabilización socioeconómica, que permita en cada núcleo familiar acceder a un capital semilla, no inferior a 30 salarios mínimos legales vigentes.
Ayuda humanitaria prórroga indefinida, la entrega de las ayudas humanitarias de emergencia y la respectiva prorroga permanente a los núcleos que la requieran deben concederse en los términos que establezca la ley y la Corte Constitucional en el auto, esta ayuda debe concederse sin contrapiés y no puede negarse o aplicarse interponiendo como excusa la no disponibilidad de recursos humanos para realizar los estudios respectivos, en este caso solicitamos conceder la ayuda y la prórroga y que sea el estudio quien demuestre que ella no se requirió.
TIERRAS
El gobierno debe diseñar un programa que de manera ágil, de solución al problema de legalización de la propiedad abandonada de los desplazados, concediendo los respectivos títulos a los campesinos que señalen la propiedad, tenencia o posesión sobre las propiedades abandonadas.
Igualmente se debe crear un programa de restitución, el mismo debe contar con la participación de las organizaciones de población desplazada a través del cual se agilice la identificación de predios despojados y proceder a la respectiva restitución a sus legítimos propietarios.
Las organizaciones de Población Desplazada, consideramos que el TLC, ASF, como el modelo de desarrollo actual estimulo el desplazamiento y la pérdida de la soberanía alimentaria de tal forma que deben rediseñarse el modelo de desarrollo económico especialmente en el campo, así como suspender la firma del TLC.
Igualmente se debe diseñar un plan que permita adjudicar tierras productivas incautadas al narcotráfico y a los jefes paramilitares, a los campesinos, organizados en proyectos productivos de seguridad alimentaria. Esta adjudicación se debe dar por vía administrativa.
Verdad, Justicia y Reparación Integral, reconocemos que estos derechos se deben concebir en su condición de interdependencia por tanto, las victimas de crímenes del Desplazamiento Forzado, exigimos el cumplimiento de los estándares internacionales en el cumplimiento de estos derechos han sido vulnerados tanto por la ley 975/05 y por la política publica de atención a la población desplazada, protección y demás.
No judicialización a los líderes de población desplazad, igualmente, demande investigación ágil que permita esclarecer y judicializar a los actores de tales violaciones de los Derechos Humanos.
Acción Campesina Colombiana – ACC, , FEDERACION COLECTIVO DE OPDS 21 DE JUNIO, Asociación Nacional de ayuda solidaria - ANDAS, Asociación Nacional de Desplazados Colombianos – ANDESCOL, Coordinación Nacional de Desplazados – CND, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC- UR, MOVIMIENTO Nacional de Victimas – MOVICE, Mesa de Interlocución, Gestión y Desarrollo de Soacha, MIGD – Organización Nacional de Población Desplazada y Desarraigada Independientes, OPDDI, Mesa Nacional de Fortalecimiento de Población Desplazada,
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