Por: Gustavo Carrasquel (Atención Ambiental y Azul Ambientalistas)
Gustavo Carrasquel (GC): Lusbi, ¿El movimiento indigenista venezolano, en la actualidad tiene su justa valoración, respeto y protección, tal como lo contempla la nueva Constitución nacional?
Lusbi Portillo (LP): Es necesario puntualizar que tanto el devenir de los pueblos indígenas como el devenir del movimiento indígena venezolano, o indigenista, son dos cosas distintas aunque complementarias. Las organizaciones indígenas tradicionales en el país de ámbito local, regional o nacional vienen siendo sustituidas aceleradamente por los Consejos Comunales, y los líderes indígenas de las comunidades llámese Caciques o Capitanes vienen perdiendo fuerzas ante los presidentes de dichas organizaciones gubernamentales.
Para el Gobierno y su proyecto socialista Siglo XXI las estructuras políticas indígenas tradicionales y sus dirigentes no tienen ningún valor en la construcción del socialismo del Siglo XXI, no son tomadas en cuenta para el impulso y desarrollo del socialismo propuesto, no así los Consejos Comunales y sus presidentes que representan el control del Estado gobierno del micro poder popular y sus espacios territoriales.
La autonomía indígenas pierde fuerza por una estructura de Estado regida por una ley, un presupuesto y adscrita a una instancia de Estado que lo absorbe y controla. Las organizaciones indígenas como CONIVE u ORPIZ más que organismos de lucha, son más bien hoy franquicias electorales; habilitadas en cada proceso electoral para llevar candidatos indígenas a concejales, legisladores o diputados a los Concejos Municipales, a los Concejos Regionales o a la Asamblea Nacional, por ejemplo.
Ahora bien, por otra parte, los pueblos y comunidades indígenas que resisten esta política social organizativa gubernamental o mantienen aún en alto sus banderas anticapitalistas e imperialistas de negociar sus territorios al Estado y a sus aliados las empresas energéticas mineras trasnacionales son excluidas de los proyectos o ayudas gubernamentales, al igual que sus organizaciones sociales originarias, son perseguidos y criminalizados. Estos proyectos y programas nacionales manipulantes etnocidas son estructurado no a partir de las reales necesidades de los pueblos y sus comunidades, o a partir de lo que define originalmente cada pueblo o nación indígena, sino a partir de las propuestas comunales socialistas fronterizas. Ante las propuestas ancestrales de organización y funcionamiento propias de cada pueblo o nación indígena, el Estado gobierno en contraposición viene imponiendo los Consejos Comunales y las Comunas Socialistas, además del urbanismo.
Los Consejos Comunales y las Comunas Socialistas funcionan de arriba hacia abajo a través de políticas e intereses nacionales del Estado-Gobierno. Desde estos espacios no hay posibilidad para las luchas por los intereses propios de las comunidades con los cuales el Gobierno no está de acuerdo. Desde estos espacios políticos organizativos, por ejemplo no se podría luchar contra los megas proyectos portuarios viales de explotación carbonífera en Perijá y en el Socuy, o por la demarcación de los territorios indígenas no a partir de la contrapropuesta gubernamental, sino desde la propuesta de los pueblos indígenas de Autodemarcación.
El Estado no se ha desprendido hasta ahora de los espacios Autodemarcados para entregárselos en propiedad colectiva a los pueblos indígenas, sólo han entregado títulos agrarios de parcelas por comunidad o comunidades, como si se tratase de campesinos. Se niega a entregar los territorios amplios y suficientes autodemarcados por los indígenas. También se niega a reconocer el derecho a la jurisdicción indígena, verbigracias el sonado caso de los líderes Yukpa Sabino Romero Izarra, Olegario Romero, de Alexander Fernández Fernández (Wayuu) e Israel Romero (menor de edad) en la Sierra de Perijá del estado Zulia encerrados ilegitima e ilegalmente en el Fuerte Macoa en Machiques.
Desde los primeros títulos otorgados, el Gobierno a través de su Presidente, de la Procuraduría Nacional de la República y de la Coordinación Nacional de la Comisión de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas dejo claro los derechos de terceros en las tierras otorgadas, es decir de las empresas mineras, energéticas, hacendados, parceleros, militares, mega proyectos, etc.
Los Consejos Comunales y las Comunas Socialistas funcionan de arriba hacia abajo a través de políticas e intereses nacionales del Estado-Gobierno. Desde estos espacios no hay posibilidad para las luchas por los intereses propios de las comunidades con los cuales el Gobierno no está de acuerdo. Desde estos espacios políticos organizativos, por ejemplo no se podría luchar contra los megas proyectos portuarios viales de explotación carbonífera en Perijá y en el Socuy, o por la demarcación de los territorios indígenas no a partir de la contrapropuesta gubernamental, sino desde la propuesta de los pueblos indígenas de Autodemarcación.
El Estado no se ha desprendido hasta ahora de los espacios Autodemarcados para entregárselos en propiedad colectiva a los pueblos indígenas, sólo han entregado títulos agrarios de parcelas por comunidad o comunidades, como si se tratase de campesinos. Se niega a entregar los territorios amplios y suficientes autodemarcados por los indígenas. También se niega a reconocer el derecho a la jurisdicción indígena, verbigracias el sonado caso de los líderes Yukpa Sabino Romero Izarra, Olegario Romero, de Alexander Fernández Fernández (Wayuu) e Israel Romero (menor de edad) en la Sierra de Perijá del estado Zulia encerrados ilegitima e ilegalmente en el Fuerte Macoa en Machiques.
Desde los primeros títulos otorgados, el Gobierno a través de su Presidente, de la Procuraduría Nacional de la República y de la Coordinación Nacional de la Comisión de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas dejo claro los derechos de terceros en las tierras otorgadas, es decir de las empresas mineras, energéticas, hacendados, parceleros, militares, mega proyectos, etc.
El Presidente Hugo Chávez manifestó el 12 de Octubre de 2005 en la comunidad Yopal, del Estado Apure: “Bueno, así que, tierras para los indios con el entendido, lo hemos hablado y contamos con el apoyo de nuestros hermanos aborígenes, tierra para los indios incluye el respeto a terceros que ya están hace mucho tiempo en eso, hace mucho tiempo en esas tierras, no es el proyecto que se vayan todos los que aquí viven, no, porque estaríamos asumiendo la posición que atacamos, estaríamos excluyendo, no, ahora claro, el latifundio, no lo aceptamos” (2005 Año del Salto Adelante. Hacia la construcción del socialismo del siglo XXI. Selección de Discursos del Presidente de la República de Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Gobierno Bolivariano. Año 7. Tomo VII. 11/2005: 513)”.
La Procuradora General de la República, Dra. Marisol Plaza: “Si bien estos ciudadanos son propietarios de los terrenos, también es cierto que existen ciertas excepciones a la regla y más aún si en esos predios existen riquezas minerales… La explotación de los recursos sólo es competencia del Estado pero éste debe hacerlo sin producir daños al hábitat de las comunidades y pueblos indígenas; además está obligado a permitirles la participación en las concesiones que en tal sentido hagan… El Código Civil, como principio general, establece la garantía de los derechos de terceros quienes mantendrán su carácter de propietario pero, en caso de encontrarse dentro de las zonas demarcadas, deben respetar el hábitat y la cultura de los pueblos indígenas pues este es un derecho constitucional” (ABN. 12 de agosto de 2005).
La Ministra del Poder Popular para el Ambiente y Coordinadora de la Comisión Nacional de la Comisión del Hábitat y Tierras de los Indígenas manifiesta al respecto: “Dentro de esas áreas, respetando los derechos a terceros, ellos pueden transitar, hacer aprovechamiento de cultivo, ganado. Si hay un señor ahí con una hacienda que no es latifundio, los indígenas no tienen derecho sobre esas tierras” (El Mundo. 24 de Octubre 2005:10).
El Estado-Gobierno está utilizando la demarcación de las tierras indígenas para afianzar los intereses de los terceros sobres los territorios ancestrales de los rublos o naciones indígenas.
El Gobierno sabe que si otorga títulos de propiedad colectiva por pueblos o naciones indígenas en amplios y suficiente territorio está reconociendo a estos pueblos indígenas sus derechos a la Libre Determinación, Autonomía o Auto Gobierno, uso y aprovechamientos de los recursos naturales, a ser gobernados dentro de estos territorios por sus propias leyes, entre otros derechos ya reconocido por las Naciones Unidas.
El Estado-Gobierno a través de la Constitución de 1999 y las distintas leyes vigentes internas como la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) ha reconocido una serie de derecho que hasta la fecha no ha sido ejercidos o no han sido gozados por los miembros de los pueblos o naciones indígenas, como el derecho a la tierra, o a la aplicación de la jurisdicción indígenas en sus territorios.
La política indígena del Gobierno está orientada en reforzar el asistencialismo y la dependencia de los pueblos indígenas, de sus líderes y organizaciones sociales autónomas al Estado-Gobierno. Es el control del Estado del espacio, de la vida cotidiana y del futuro de cada comunidad indígena. El Gobierno está dispuesto a negociar derechos a la salud a partir de lo indígena, educación, a la representación política como minorías étnicas, pero no el derecho poseer Territorio, la Libre Determinación, Autonomía, o leyes propias en dichos territorios, mucho menos el derecho en sus territorios al Consentimiento Previo, o sea a decidir los pueblos indígenas si se ejecuta o no uno de esos mega proyectos mixtos Estado/Capital multinacional propuesto en territorios indígenas.
El derecho de Consentimiento Previo fue sustituido por la Consulta Previa, tal como se contempla en constituciones y leyes para todos los países de América Latina. El derecho a la Consulta Previa que goza en general todo ciudadano o los pueblos indígenas en particular están de acuerdo todos los organismos financieros de los mega proyectos mixtos energéticos, mineros, agrícolas o de infraestructura vial, lo que no se acepta es el derechos al Consentimiento Previo, tal como ocurrió en Ecuador cuando se discutía la Constitución, o en Venezuela en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI).
Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el Consentimiento Previo en la Primera Discusión de fecha 05 de Diciembre de 2002 en el artículo 39: “La exploración y explotación de los yacimientos mineros y de hidrocarburos dentro de tierras indígenas, deberá contar con el consentimiento previo, informado y libremente expresado por los pueblos y comunidades indígenas, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley. En la ejecución de estas actividades deberán establecerse las medidas necesarias para minimizar su impacto sociocultural y ambiental sobre los pueblos y comunidades indígenas y sus tierras”. Pero negociaron el Consentimiento Previo por la Consulta Previa en la segunda y última discusión del año 2005 en el artículo 54: “El aprovechamiento por parte del Estado de los recursos naturales propiedad de la Nación en el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, está sujeto a la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas involucrados, la cual debe ser suficientemente informada, fundamentada y libremente expresada por dichos pueblos y comunidades indígenas, conforme al procedimiento de consulta establecido en la presente Ley. En la ejecución de estas actividades deberán establecerse las medidas necesarias para evitar su impacto sociocultural y ambiental, así como garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales y el bienestar sobre los pueblos y comunidades indígenas y sus tierras”.
GC: El conflicto de los indígenas Yukpas, ¿es una situación aislada o es parte de lo que vienes exponiendo?
LP: Nada de lo que transcurre en los pueblos indígenas venezolanos ubicados en la frontera es un hecho aislado, menos en tiempos de demarcación de sus territorios. Aún hoy sigue siendo, pese a la destrucción de sus bases societarias, el asunto de la tierra, el motor principal del devenir histórico de estos pueblos indígenas amerindio. Nunca ha sido otra cosa distinta a la tierra el problema del indio en América. Los Estados Naciones están dispuesto a reconocer todos los derechos al indio, menos el derecho a la propiedad colectiva de sus territorios. Hoy en los tres continentes americanos los bosques y las aguas, y los territorios de los indígenas, están negociados a las multinacionales del gas, petróleo o carbón, o algún otro mineral estratégico.
Por ejemplo, las aguas y las tierras del Orinoco, del Delta, del Caura o de la Sierra de Perijá, entendiendo esta última también las tierras de las cuencas del Guasare, Socuy, Maché y Cachirí, están dadas por el Estado-Gobierno a los capitales de las multinacionales energéticas o mineras; y esta política minera energética se entiende hoy como ayer como decisión de Estado o de interés nacional sea el presidente Hugo Chávez, Carlos Andrés Pérez o Rafael Caldera en Venezuela, o Alvaro Uribe Vélez en Colombia o Rafael Correa en Ecuador o Evo Morales en Bolivia. De allí que en Venezuela y en América se cambió todo para no cambiar nada, por lo menos para los pueblos o naciones indígenas.
El Gobierno trata de imponer en materia de tierras indígenas una política etnocida de transformar las comunidades indígenas en pueblos campesinos, a través de su contrapropuesta de demarcación de los territorios indígenas ante la propuesta de Autodemarcación presentadas por los pueblos y comunidades indígenas. Al fracasar su propuesta al Gobierno nacional, representado en diez ministerios agrupados en la comisión de demarcación del hábitat y tierras indígenas, luego de un arduo trabajo de manipulaciones y divisiones dirigidos contra dirigentes indígenas y comunidades, no le quedó otro camino que montar escenarios violentos entre dirigentes de comunidades vanguardias en el proceso de demarcación de su territorio original. Fue la cuenca media del río Yaza el lugar escogido por los factores halcones violentos del Gobierno Nacional para poner a funcionar su tubo de ensayo del crimen. Entre los dirigentes de las comunidades Chaktapa de Sabino Romero Izarra y Guamo Pamocha de Olegario Romero Romero.
El Estado-Gobierno pese a estar representados por diez ministerios en la Comisión de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas, coordinados por el Ministerio del Ambiente, se mostraba dividido e inseguro; ante la resistencia indígena no podían implementar una política coherente ante el país; sólo tuvieron un relativo éxito cuando inventaron las Comisiones Técnicas Regionales de Demarcación y contrataron a un grupo de profesionales abogados, sociólogos, antropólogos, topógrafos entre otros, especie de profesionales mercenarios para enfrentar la Autodemarcación propuesta por cada pueblo o nación indígena, e imponer su Contra Propuesta de Demarcación, éstos técnicos fueron agrupados en tres comisiones denominadas Físico Natural, Socio Antropológica y Jurídica. Que en septiembre de 2006 y septiembre de 2009 presentaros los informes de demarcación de tierras de los pueblos Barí y Yukpa, respectivamente, especie de mamotretos que justifican el despojo de gran parte de sus territorios por reconocer sobre los mismos derechos de terceros, que en el mejor de los casos son los derechos de los pueblos indígenas violados.
Como estrategia, desde un principio invisibilizaron la responsabilidad de la Ministra (hoy ministro) del Ambiente, y trasladando todo el peso en una figura denominada Secretario Ejecutivo (representante de la Ministra/o), así como en la Ministra Indígena, alternándole a rato su papel con el Ministro de Relaciones del Interior y Justicia, o con el propio Vicepresidente saliente, principalmente en los diez primeros meses del año 2009.
Pero el factor que terminó uniéndolos fue la concentración que hicieron los indígenas del Zulia y el movimiento ecologista frente a las puertas del Ministerio del Ambiente en Caracas, el viernes 5 de Junio de 2009, Día Mundial del Ambiente.
El martes siguiente, 9 de Junio, el Vicepresidente para aquel entonces Carrizales Rengifo llamó a reuniones urgentes sumamente enojado porque su esposa, la invisibilizada Ministra del Ambiente, en un mini acto frente a su ministerio fue “saboteada su participación e intervención” según sus palabras, por un grupo de indígenas Yukpa, Barí y Wayuu, ecologista y unos supuestos funcionarios de la Misión Cultura y Fundayacucho.
En las sendas reuniones convocadas por el Vicepresidente, los Ministros del Ambiente, Relaciones del Interiores y Justicia, Educación Superior, entre otros, interrogaron al Ministro de Cultura y los más altos funcionario de la Misión Cultura del Zulia y de la comunidad Yukpa Tukuko, así como a altos funcionarios de Fundayacucho. El trasfondo de las preguntas ministeriales formuladas estaba vinculadas a tres elementos: 1. A la oposición militante contra la propuesta gubernamental de demarcación de tierra, 2. Las acciones ejercidas contra el Plan Integral de Desarrollo e Infraestructura Yukpa publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.046 del 28 de Octubre de 2008 que coordina el Ministerio para las Relaciones del Interior y Justicia y 3. Los supuestos vínculos de apoyo a la ONG Sociedad Homo et Natura que mantenían dichos funcionarios.
Estas reuniones convocadas por el Vicepresidente Carrizales fue la respuesta de un sector del Gobierno ante una serie de acciones coordinadas o en todo caso donde participó la ONG Sociedad Homo et Natura, entre estas:
1.- Desde Septiembre de 2006 hasta Agosto de 2008 la ONG Sociedad Homo et Natura participó o coordinó eventos y movilizaciones para que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente retomase el proceso de demarcación de los territorios Barí y Yukpa, los primeros meses del año 2008 esta ONG coordina con otros sectores del movimiento social del Zulia, Caracas y Amazona en tareas de salud y recolección de alimentos en apoyo a las comunidades Yukpa que habían rescatado haciendas invasoras en su territorio original.
El 22 de agosto de 2008 la ONG Sociedad Homo et Natura coordina con sectores de derechos humanos y medios comunitarios la realización de una Canción Solidaria por los Territorio del Pueblo Yukpa y sus Derechos Humanos, que desde hacía una semana sufrían el agobio y penurias generados por el cerco militar/ganadero en su territorio ordenado por el General Izquierdo Torres del Fuerte Macoa quien tenía prohibido la entrada a las comunidades Yukpa asentadas en la cuenca alta y media del río Taza. Ese día 42 activistas sociales con la presencia y autorización del Cacique Sabino Romero Izarra, entre otras autoridades indígenas y demás miembros de las comunidades Chaktapa, Guamo Pamocha y Río Yajá en horas de la noche se rompió el cerco militar bajo una lluvia de disparos al aire de armas de guerra que desde las 2 de la tarde mantenían a raya a los activistas sociales. Más de ochenta efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército de Venezuela fuertemente armados custodiaban de manera violenta la entrada a las comunidades del Yaza en un lugar denominado la Cuesta del Padre en la carretera Machiques-Tukuko.
El domingo 24 en el programa Aló Presiente el Presidente Hugo Chávez hizo una larga referencia sobre este violento suceso y se pronuncia a favor de la lucha de los pueblos indígenas, de las compras de las bienhechurías de las haciendas, del ganado si era necesario, y ordenó a la Ministra Yubirí Ortega de Carrizales reiniciar la medición de las tierras de los Yukpa ya que era una deuda con este pueblo indígena. O todo fue una patraña política mediática, o luego cambió de parecer, o simplemente en este país otros son los que tienen el verdadero poder.
Este intento generó actos violatorio a los derechos humanos de los indígenas y activistas sociales. El saldo negativo arrojo dos compañeros heridos de apellidos Becerra y Chaparro, tres compañeras presas y el compañero herido Becerra, a los que luego se les dio el sobreseimiento por no prosperar las infundadas acusaciones contra las compañeras y compañero Becerra.
En la Fiscalía 41 aún reposa las acusaciones que varios de los activistas y Sabino formularon días después contra efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, muy en especial contra el autor intelectual General Gerardo José Izquierdo Torres. Aún duerme en la Fiscalía 40 el expediente contra el ganadero Alejandro Chávez Vargas presunto propietario de la hacienda Kusare, donde hoy se encuentra asentada la comunidad Guamo Pamocha, acusado por haber golpeado el lunes 7 de julio de 2008 y generado la posterior muerte del papá de Sabino, el anciano de 109 años José Manuel Romero, el 22 de ese mismo mes y año. Todas estas denuncias fueron promovidas o coordinadas por la ONG Sociedad Homo et Natura.
Este caso de la muerte del papá de Sabino aún lo tienen engavetado los abogados de la Fiscalía 40, Víctor Raúl Valbuena y Abigail José Rodríguez Jiménez, dos de los sietes Fiscales del Ministerio Público que hoy acusan a Sabino, a Olegario Romero Romero y Alexander Fernández Fernández; siguiendo instrucciones políticas engavetan uno, pero avivan el otro expediente.
2.- El Simposio del lunes 8 de diciembre de 2008 Derechos Territoriales y Pueblos Indígenas en la Sierra de Perijá con la participación de la Presidenta de Asocbariven, Aminta Achiragdoda, con los antropólogos de la Universidad de Pensilvania Stephen Beckerman, de la Universidad Central de Venezuela Roberto Lizarralde y Lusbi Portillo de la Universidad del Zulia, en la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes.
3.- El foro del miércoles 18 de febrero de 2009 sobre Demarcación de las Tierras y Luchas Indígenas en el Zulia, en el Salón Darío Durán de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, donde la Presidenta de Asocbariven, Aminta Achiragdoda anunció de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su Corte a demandar al Estado-Gobierno por violar sus derechos humanos a poseer territorio. De allí se desprende casi su inmediata destitución por factores vinculados al Ministerio del Poder Popular para Asuntos Indígenas. Ese día Mauro Carrero, profesor y coordinador de la Comisión Socio Antropológica de la Comisión Técnica de Demarcación de Tierra casi le pega a la dirigente Barí Achirogdoda expositora por cuestionar duramente el trabajo engañoso realizado en las comunidades indígenas Barí.
4.- El Encuentro Nacional por la Demarcación de las Tierras Yukpa y Barí en el Zulia convocado en Maracaibo el 10 de Marzo del 2009 en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia donde asistieron todos los Caciques y líderes indígenas de los pueblos Yukpa y Barí, los directivos de la Asociación de Ganaderos de Machiques (GADEMA) y asociados, campesinos y dirigentes ecologistas y luchadores sociales de todo el país para conversar con la Ministra Yubirí Ortega de Carrizales sobre la necesidad de demarcar los territorios de los indígenas Yukpa y Barí a partir de su Autodemarcación propuestas por los indígenas, previa cancelación de las bienhechurías de las haciendas que han quedado dentro de las tierras Autodemarcadas. La Ministra Ortega de Carrizales no asistió. Se hizo entonces público los Acuerdos y Resoluciones del Encuentro.
5.- La Jornada de Mujeres Indígenas de la Sierra de Perijá-Mujeres Indígenas y Territorios Violados Zulia los días 16 y 17 de Marzo en la ciudad de Caracas: rueda de prensa de mujeres Yukpa, Barí y Wayuu en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), encuentros con organizaciones sociales, programa en ANTV, visita al Ministerio de Asunto de la Mujer y una Canción Solidaria con el conflicto indígena en el Nuevo Circo de Caracas. Estos dos últimos eventos obligó al Ministerio Indígena a montar con un grupo de indígenas comandado por funcionarios indígena una movilización política mediática, que tuvo como escena final la lectura de un Manifiesto contra Lusbi Portillo, Coordinador General de la ONG Sociedad Homo et Natura a cargo del funcionario indígena del Ministerio de Educación Efraín Romero de la comunidad Shirapta en la Plaza Bolívar de Caracas. Se le acusaba de estar detrás de estos eventos y movilización indígena contra la demarcación de tierra en la ciudad de Maracaibo y Caracas.
6.- La reunión con el Ministro del Despacho de la Presidencia, Teniente Coronel Luis Reyes Reyes, en el Palacio Blanco el 22 de Abril de 2009, Día Mundial de la Tierra, para presentación formal al Gobierno de la propuesta de Autodemarcación de los pueblos Yukpa y Barí y su problemática, así como el impacto de la explotación de carbón en la cuenca del río Socuy por parte de dirigentes Yukpa, Barí y Wayuu, y de la Sociedad Homo et Natura. Esta reunión se realizo con éxito, pese a la oposición acérrima de la Ministra Indígena Nicia Maldonado tanto en las comunidades indígenas Yukpa y Barí como al interior del Gobierno. Como respuesta final realizó ese mismo día una escuálida marcha en la ciudad de Machiques con la presencia de cinco ministros más.
7.- La participación de la Presidenta de la Asociación de Comunidades Barí de Venezuela (ASOVBARIVEN) y de la ONG Sociedad Homo et Natura en el Primer Congreso Nacional de Derechos Colectivos en el Marco de los Derechos Humanos. Patrimonio Cultural Indígena, Mérida del 13 al 15 de Mayo de 2009 en la Universidad de los Andes.
Luego de la actividad del 5 de Junio de 2008 frente al Ministerio del Ambiente se continúo realizando otros importantes eventos y movilizaciones nacionales que mantenía preocupado a este sector fascista del Gobierno.
8.- Nuestra participación activa en el Seminario: Aportes para la demarcación de los territorios indígenas en Venezuela. Caso Sierra de Perijá, realizado este 30 de Julio de 2009 en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)-Sede Chaguaramos, Caracas. En dicho evento se desmostó ante funcionario del Ministerio del Ambiente, Indígena y de Relaciones Interiores y Justicia lo inviable de las políticas de demarcación de tierra indígena coordinado el Ministerio el Ambiente y del Proyecto Integral Yukpa coordinado por el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Prácticamente los representantes ministeriales expositores salieron con las tablas en la cabeza antes los argumentos manejados por los especialistas y público presente en el seminario.
9.- Nuestra participación también fue activa en el foro Lucha de los Pueblos Indígenas de Venezuela, en el CELARG, Sala 2, realizada en Caracas el 28 de Agosto de 2009, convocado por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho) y el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG). Ponentes Dr. René Kuppe de la Universidad de Viena, Austria, Dr. Vladimir Aguilar de la Universidad de los Andes y Mg. Lusbi Porillo, Coordinador de la ONG Sociedad Homo et Natura. Este foro fue un éxito por la nutrida asistencia y participación crítica de varios antropólogos e intelectuales ante el proceso de demarcación de tierra llevado por este sector del Gobierno.
10.- Participamos como testigos e hicimos registros audiovisuales de casi todas las reuniones importantes entre ellas la realizada por la Comisión Regional de Demarcación con la Viceministra Indígena Yukpa donde se convocó con la intención de decidir de una vez por todas el apoyo de las comunidades a la Propuesta de Demarcación formulada por el Gobierno. Todas las comunidades asentadas en las cuencas de los ríos Tukuko, Yaza y Negro dijeron no al Gobierno. Sólo estuvieron de acuerdo con la contrapropuesta gubernamental las comunidades Neremü (río Yaza), Shirapta, Aroy y Tinacoa (río Apón).
Con estas tres últimas comunidades el 12 de Octubre se hizo el acto o simulacro de entrega de títulos de propiedad colectiva de las tierra; perdiendo de esta manera todas las tierras montañosas del Oeste, limítrofe con Colombia, por ser zona exclusiva de manejo militar y las tierras del lindero Este por ser zona de haciendas ganaderas.
Cambiaron espejitos por oro, ese día se entregaron seis camiones, un sin número de créditos, demasiadas bolsas de comidas; pero la propia Ministra Yubirí de Carrizales se vio obligada a confesar que eran muy pocas las comunidades “beneficiadas”. El 12 de Octubre ese sector del Gobierno comió polvo de la tierra. Pero el martes 13 se desataron todos los males de la Caja de Pandora con el enfrentamiento violento inducido entre los líderes y sus familias de Chaktapa y Guamo Pamocha. Se sembró el odio y la desinformación entre líderes amigos.
Gobierno y ganaderos, y sectores parceleros wayuu tiran rápidamente el manto del abigeato por radio, prensa y televisión y se siembra posteriormente el espectro de la droga y el narcotráfico como uno de los males para terminar de tratar de ocultar el problema de la tierra. El oscuro Secretario Ejecutivo de la comisión de demarcación de tierra y a la vez Viceministro del Ambiente, Sergio Rodríguez manifiesta en el Diario La Verdad que detrás del problema a la oposición de la demarcación de tierra formulada por el Gobierno está el control de la Sierra para controlar la droga “- ¿Continuarán el proceso de demarcación pese a lo sucedido? – No nos vamos a parar, aunque hayan presión o intereses; los intereses van a seguir actuando. Todo esto lo generan los intereses propios. Continuaremos demarcando pese al conflicto.- ¿Qué intereses podría citar? – Evidentemente hay otros factores que no quiere que se organice esto. Cabe mencionar el tema de la droga; quien domina el territorio, domina el paso de la droga y este es otro elemento que podría estar generando discordia. Sin culpar a nadie” (La Verdad, 21/10/09: 3).
Lusbi Portillo, coordinador de la ONG Sociedad Homo et Natura se vio obligado a enconcharse 15 días del mes de octubre, una vez herido y detenido Sabino Romero Izarra, horas ante los rumores era cada día más fuerte que sería detenido por narcotraficante. Este dato se infiltró en reuniones realizadas en Caracas, así como se infiltró horas antes que Sabino, según amañadas pruebas de recorrido balístico y trazo de pólvora presentadas por un alto funcionario del Gobierno en una pequeña reunión entre algunos ministros, había disparado (sin haber disparado en verdad) en el lugar de los acontecimientos. Cuantas veces al día o en la semana dispara un Yukpa cazador como Sabino para que en cualquier momento que se le haga la muestra de ATD (Análisis de la Traza de Disparo) saliese positiva.
Quizás por esta razón la Jueza de Control que llevó el caso de acusación de Sabino por parte de siete Fiscales del Ministerio Público comandado en apariencia por los abogados Valbuena y Rodríguez, se negó aceptar la propuesta de los dos abogados de Sabino y Alexander de la reconstrucción de los hechos ocurridos ya entrada noche, así como la presencia de especialista en la ciencia de la antropología para hablar de la cultura y la jurisdicción especial del pueblo o nación Yukpa.
Posteriormente el 4 de diciembre de 2009 en las pruebas, o “Elementos de Convicción” y “los Fundamentos de la Imputación”, presentadas ante la Jueza de Control de la Villa del Rosario Judith Esperanza Rojas los siete fiscales: Víctor Raúl Valbuena, Abigail José Rodríguez Jiménez, Jhovan Molero García, Marco Antonio Perrotta (no firmó), José Luis Rincón, Ana Cecilia Lugo Gil y Santa Frascarella Villalobos se determinan Metabolitos de Cocaína en las pruebas Nº 34, 35 y 36 de Ever Romero (muerto), Manuel Romero (herido) y Sabino Romero Izarra, respectivamente en los resultados de fecha 02 de Diciembre de 2009 de los análisis de sangre. No se dice nada si estas pruebas se le realizaron a los otros presos o heridos, o al resto de la población de las dos comunidades involucradas en este complot gubernamental.
Estos supuestos “Elementos de Convicción” y “los Fundamentos de la Imputación” irrelevantes para el caso, sirven más que en contra Sabino, contra Lusbi Portillo, ya que de seguir obstaculizando las coloniales, etnocidas y perversas políticas del Gobierno será detenido por narcotraficante. De esta manera queda abierta la sospecha o acusación.
Esta hipótesis toma fuerza cuando los días siguientes del 13 de Octubre de 2009 el Consultor Jurídico de la Asociación de Ganadero de Machiques (GADEMA), Luis Chacín y Oscar Carrillo Presidente del Frente Campesino Revolucionario del Pequeño y Mediano Productor tomó la radio por varios día para acusar a Sabino y a Lusbi Portillo de violentos, de robar ganado, de llevarse municiones a Sabino un día antes del enfrentamiento, además de cajas de licor, expresión esta que en los últimos programas cambió por la palabra droga. Recuerden que estos señores firmaron con los representantes del Gobiernos y algunos Yukpa funcionarios la carta de convivencia propuesta por la invisibilizada Ministra Yubirí Ortega de Carrizales.
Me faltó decir que fui acusado por los ministros del Gobierno Cabello y Maldonado, en la visita realizada en el Tukuko, como parte de la estrategia de criminalización de los líderes sociales, en la reunión 9 septiembre 2009 para convencer a los dirigentes indígenas de aceptar la construcción de una Base Militar, rechazada por no consultársele y por los constantes atropellos sufridos por efectivos del Ejército Bolivariano. Esta Base Militar está dentro del Proyecto Integral Yukpa que coordina el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia.
Como en los mejores tiempos de la llamada Cuarta República, ante estos sucesos y estas acciones, el sector fascista del Gobierno enquistado en este Proyecto Integral Yukpa y en la Comisión de Demarcación han colocado a nuestra ONG Sociedad Homo et Natura en la lista de los enemigos del Gobierno y del Ejercito. Sólo que ayer se nos acusaba de guerrilleros peruanos, hoy de Mafias Verdes, escuálidos, agentes de la CIA y Paramilitares. Todas estas acusaciones gubernamentales nacen desde la Presidencia de Corpozulia a cargo del General Carlos Eduardo Martínez Mendoza en el Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos, Mesa 2, realizado en Maracaibo en el Palacio de los Eventos el 8 de diciembre de 2004, y posteriormente luego de la realización de la Marcha a Miraflores por los territorios indígenas y contra la explotación de carbón en Perijá y el Socuy el 31 de Marzo de 2005. Salen a atacarnos públicamente, por orden del General Martínez Mendoza, los tarifados de Corpozulia como los Gerentes Orangel Paz, Rusbel Palmar (Presidente de ORPIZ) y el Diputado Arcadio Montiel, del Directorio de Carbozulia.
GC: A la luz de lo expuesto ¿Es posible conciliar el crecimiento económico con la explotación de las tierras originarias del indigenismo en Venezuela?
LP: La explotación o no de minerales o mega proyectos en sus territorios es una decisión autónoma de los pueblos indígenas, no la imposición de la sociedad mayoritaria o de un sector de esta sociedad criolla, en este caso histórico la clase política/empresarial en alianza con capitales multinacionales pretendan imponer.
Este desarrollo no puede darse nunca a costa de la naturaleza y la vida en la biosfera, ni mucho menos generando pobreza, como en todos los tiempos y en todos los países significa explotar carbón subterráneo o a través de minas a cielo abierto tal como hoy se realiza en las minas Paso e Diablo y Norte, o como se pretende impulsar hoy en las cuencas de los ríos Socuy, Maché y Cachirí en territorios tradicionales del pueblo Wayuu, o más al sur en los reducidos territorios de los actuales pueblos o naciones Yukpa y Barí.
En tiempo de democracia directa y protagónica, si estos pueblos Amerindios no quieren la explotación del carbón en sus territorios, entonces ese proyecto de la burguesía nacional y el imperialismo no va, y los indios están dispuestos en pelar y esta ONG Sociedad Homo et Natura los seguirá acompañando sea cual sea el precio.
El Gobierno y las empresas trasnacionales del carbón escogerán en método. Hasta ahora le hemos acompañado con cierto grado de éxito. Este 5 de Mayo de 2010 cumpliremos 25 años luchando al lado de estos pueblos Amerindios en resistencia cotidiana. No pasarán se lo aseguramos.
No hay crecimiento económico ni mucho menos “desarrollo” o felicidad a costa del dolor del indio y la naturaleza. Si esta es la potencia que nos habla el Presidente Chávez a alcanzar como país, entonces no la queremos y nos opondremos en tribunales y en la calle.
GC: Entonces ¿Cual es la propuesta? ¿Hay un norte o un sur en esta realidad?
LP: La propuesta es entrar en un estadio superior de inclusión y democracia, para esta razón debemos superar este Estado Nacional para pasar a construir un Estado Plurinacional, donde todos los pueblos o naciones históricos originarios formadores de la patria tengan maneras distintas de asumir la vida social y espiritual de su grupo sin tratar de imponer o dejarse imponer los intereses o la visión del otro, donde el Estado a construir sea acordado por todos los pueblos existentes en la República Bolivariana de Venezuela. Por esta razón exigimos que los Yukpas o cualquier pueblo o nación indígenas sean juzgados por sus propias leyes y tengan un territorio propio. Esa si sería una verdadera revolución, en donde el derecho de los pueblos a la Consulta y al Consentimiento Previo sea ley de la República, es decir si un pueblo no quiere un proyecto equis de desarrollo, entonces ese proyecto no puede ir. El pueblo es soberano.
Lo anterior argumentado es el Norte, el Sur es seguir con esta exclusión histórica, imposición e injusticia de los Estados Naciones, donde una nación en este caso la etnia o sociedad mayoritaria criolla, que históricamente se ha degenerado a que no sea la etnia criolla o sociedad criolla mayoritaria detenta el poder y el Estado gobierno, sino un sector de ésta, la Burguesía Criolla o capitalistas criollos en coordinación con intereses de clase a nivel internacional. Son estos sectores de clase, ahora globalizados los que tienen el poder en los Estados Naciones.
Son los Estados Nacionales y sus Gobiernos, sea de derecha o izquierdas, los que negocian la soberanía de los países, los que permiten como Chávez, Uribe o Evo la entrada de los capitales imperiales al territorio nacional.
GC: Lusbi ¿Con cuales las palabras claves cerrarías esta entrevista?
LP: Hay una idea clave, la vanguardia en este mundo contemporáneo son las luchas de pueblos indígenas, ellos luchan por una sociedad más democrática, por mayores niveles de inclusión social, mental y cultural, por que las trasnacionales y sus Estados gobiernos aliados respeten al menos sus territorios, por la biodiversidad en la vida biológica, social y cultural. Y por la construcción de Estados Pluriculturales.
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